Trabajadores de la enseñanza concertada riojana nos concentramos ayer ante la Delegación del Gobierno en La Rioja (Paseo del Espolón de Logroño) para participar en una protesta pacífica dirigida al Gobierno de España y al Ministerio de Educación.
Protestamos allí por haber sido excluidos del proyecto de Ley de reducción de carga lectiva que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, por la infrafinanciación crónica que sufre el sector, según lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado, y por la falta de diálogo por parte del Ministerio.
Esta concentración fue convocada por el sindicato FSIE y está relacionada con la campaña de movilizaciones que dicha organización sindical está desarrollando en diferentes puntos de toda la geografía nacional por los mismos motivos.
Seguimiento en la prensa local:
- EuropaPress
- EuropaPress en X
- Europa Press en Facebook
- Nota de prensa
- 7 Rioja TV 1ª Edición y 7 Rioja TV 2ª Edición
Fundamentos de las concentraciones a nivel nacional.
Anteriormente, el Consejo Escolar del Estado apoyó por unanimidad la propuesta de FSIE para extender la reducción de la carga lectiva semanal a todo el profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, pero el Gobierno no la incorporó al Proyecto de Ley.
FSIE ha trasladado esta reivindicación a los grupos parlamentarios, ha promovido su presentación como enmienda y ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo.
Tras agotar las vías institucionales y de negociación, FSIE ha creído necesario dar un paso más y salir a la calle para hacer público el malestar del sector y dar a conocer las razones de esta protesta de carácter estatal, que son, resumidamente, los siguientes:
1. El mencionado proyecto de Ley de reducción de la carga lectiva excluye a los docentes de la enseñanza concertada.
Se establecerá “por Ley” el derecho de los docentes de la enseñanza pública a que su jornada sea de 18 horas lectivas semanales en Secundaria (ESO, FP y Bachillerato) y de 23 horas en el resto de etapas (Infantil 3-6 años, Primaria y Especial) en todas las CC. AA.
Mientras, seguirá establecida, también por Ley, la de Presupuestos Generales del Estado, una jornada lectiva de 25 horas semanales para los docentes de la enseñanza concertada.
Nos parece inasumible mantener por más tiempo esa enorme e injustificada diferencia y por eso pedimos: mismo trabajo, mismos derechos.
2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) dispone una financiación totalmente insuficiente para que el servicio público educativo que se ofrece a la sociedad en la enseñanza concertada se haga en régimen de gratuidad real.
Las cuantías de las partidas de Otros Gastos estatales no pueden sufragar los costes reales de los gastos que tienen destinado financiar en gratuidad y es absolutamente necesario aumentarlas y actualizarlas. En las CC. AA. se han mejorado algo, por ejemplo, en 2023 las de Infantil, Primaria y ESO eran un 22% mayores en la Ley de Presupuestos de La Rioja que en la Ley Presupuestos del Estado (los últimos publicados en el BOE).
Los PGE estrangulan económicamente la supervivencia de los centros concertados.
Esta situación limita enormemente las posibilidades de mejorar, a nivel estatal, las condiciones laborales del personal de administración y servicios (PAS). El PAS es clave en el sostenimiento de los centros y no ve reconocida y dignificada su labor.
Nos parece que la enseñanza concertada forma parte del mismo servicio público educativo y debe contar con las mismas condiciones en términos de recursos económicos y humanos que la enseñanza pública.
Es el Gobierno de España quien tiene competencia de establecer y mejorar suficientemente el marco de financiación general que como mínimo deba cumplirse en todas las CC.AA.
3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no prevé plantillas adecuadas para impartir el currículo derivado de la LOMLOE ni tampoco dotaciones para la atención a la diversidad del alumnado. A modo de ejemplo, enumeramos las siguientes situaciones que denunciamos:
Los PGE solo dotan con 1 docente (25 horas semanales) cada unidad de Infantil o Primaria; con 1,20 docentes (30 horas semanales) en 1º y 2º cursos de ESO y con 1,36 docentes (34 horas semanales) en 3º y 4º cursos de ESO. Así no se puede impartir el currículo vigente, pues no se pueden desdoblar los grupos para impartir las optativas en Primaria y en 1º y 2º cursos de ESO y la dotación de 3º y 4º cursos de ESO es insuficiente.
Los PGE no prevén dotaciones para la atención a la diversidad. No prevén apoyos para ACNEE o para alumnos de compensación educativa (DS-ITSE) ni programas de refuerzo o diversificación curricular de ESO ni PROCUA ni Explora ni aulas TEA ni aulas AGTC ni aulas ApT, etc. Entonces, ¿con qué medios piensa el Gobierno de España que se debe atender a estos alumnos en la concertada si no existen dotaciones finalistas en los PGE?
Los PGE solo dotan de orientadores para la ESO. No para Infantil ni Primaria ni FP-Básica, etc.
Por último, no hay ninguna dotación concreta para el ejercicio de la función directiva.
No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Pedimos que no haya alumnado de primera y de segunda.
Es el Gobierno de España quien tiene la competencia de mejorar el marco general de plantillas docentes que son necesarias para impartir el currículo que él mismo promovió con la LOMLOE, así como para atender convenientemente a la diversidad del alumnado con docentes de apoyo y programas específicos.
4. El Gobierno de España no colabora con las CC. AA. en la financiación de la gratuidad de la Educación Infantil (0-3 años) y tampoco regula estas enseñanzas mediante unos parámetros mínimamente homogéneos en todo el Estado.
Sin esa colaboración económica, hay varias CC. AA. que no financian la gratuidad de esta importante etapa educativa. En esas CC. AA. han tenido que cerrar muchos centros o, en otros casos, muchos trabajadores han perdido su empleo.
Se renuncia por parte del Gobierno de España a generalizar una medida que se ha demostrado eficaz en la lucha contra el fracaso escolar.
Por otra parte, se limitan así las posibilidades de mejorar, a nivel estatal, las condiciones laborales del personal que atiende a este alumnado.
En resumen, se perjudica a los centros, a los trabajadores, a los alumnos y a las familias.
Es relevante saber que en La Rioja se implantó el bono infantil desde 2019/20 y esa medida supone actualmente un esfuerzo económico de 11 millones anuales.
Nos parece que no debe haber trabajadores de primera y de segunda: sin financiación estatal se dificulta la dignificación de las condiciones laborales de los docentes de esta crucial etapa educativa.
5. El Ministerio no dialoga con los representantes de la enseñanza concertada.
Desde junio de 2024 no se ha reunido la mesa sectorial estatal de la enseñanza concertada.
Tampoco se reúnen ni se convocan las comisiones establecidas en la LOE.
Sin diálogo, no puede haber avances. Sin Ley de Presupuestos del Estado, no puede haber mejoras generales para la enseñanza concertada.
En resumen, no pedimos privilegios, pedimos igualdad para la enseñanza concertada: “mismo trabajo, mismas condiciones”.
Artículos que hemos publicado en nuestra web regional para informar a los trabajadores del sector de los motivos de esta convocatoria de concentración:
- 25/05/2026, FSIE se moviliza en toda España Ante el Proyecto de Ley de reducción de carga lectiva, aquí.
- 04/06/2026, Concentración ante la Delegación del Gobierno en La Rioja, aquí.
- 15/06/2026, FSIE presenta queja ante el Defensor del Pueblo, aquí.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
