FSIE presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de la concertada en la reducción de la carga lectiva.
FSIE denuncia la falta de negociación del Ministerio de Educación y reclama que la reducción de la carga lectiva se extienda también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos.
FSIE ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión del profesorado de la enseñanza concertada de las medidas previstas en el Proyecto de Ley de modificación de la LOE y de la Ley 4/2019, especialmente en lo relativo a la reducción de la carga lectiva semanal máxima del profesorado.
El sindicato denuncia que el Ministerio de Educación ha negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, sin convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por FSIE durante los últimos meses.
FSIE recuerda que los centros concertados sostenidos con fondos públicos forman parte del servicio público educativo y considera que no existe una justificación objetiva para excluir a su profesorado, alumnado y familias de unas medidas orientadas a mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado y las condiciones profesionales de los docentes.
La organización destaca además que el Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad en su Dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos.
En su escrito, FSIE solicita al Defensor del Pueblo que examine la actuación del Ministerio de Educación y formule las recomendaciones oportunas para garantizar un tratamiento homogéneo y no discriminatorio entre todos los profesionales del sistema educativo sostenido con fondos públicos.
Esta queja se suma a las actuaciones institucionales, parlamentarias y sindicales que FSIE viene desarrollando durante los últimos meses, entre ellas las propuestas impulsadas en el Consejo Escolar del Estado, las reuniones con grupos parlamentarios, las iniciativas trasladadas al Ministerio y las movilizaciones convocadas en todo el territorio nacional.
FSIE insiste también en la necesidad de activar los grupos y comisiones de trabajo previstos para analizar el coste real del puesto escolar y abordar la infrafinanciación que afecta a la enseñanza concertada, al profesorado, al personal de administración y servicios y a la calidad educativa que reciben millones de alumnos y familias.
Para la organización, la reducción de la carga lectiva, la mejora de las condiciones del PAS y una financiación suficiente forman parte de un mismo objetivo: garantizar condiciones equivalentes para todos los profesionales que prestan servicio en el sistema educativo sostenido con fondos públicos.
FSIE reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada y con un sistema educativo más justo, cohesionado y respetuoso con la igualdad de oportunidades, la libertad de elección de las familias y la calidad educativa.
Mismo servicio público, mismas condiciones.
#ConcertadaTambién
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
